Un juez de Chile condenó el jueves a 11 miembros del ejército por el asesinato de Rodrigo Rojas ocurrido en 1986. Rojas era un fotógrafo chileno radicado en Estados Unidos que fue quemado vivo durante las protestas contra el general Augusto Pinochet, el dictador que gobernó a Chile 1973 a 1990.
En un fallo de 546 páginas, el juez Mario Carroza sentenció a los oficiales retirados, Julio Castañer, Iván Figueroa y Nelson Medina, a 10 años de prisión. Asimismo ocho soldados recibieron sentencias suspendidas y dos fueron absueltos.
La madre de Rojas, Verónica De Negri, una crítica de la dictadura militar chilena, se exilió en Estados Unidos en 1977. Su hijo se fue con ella y asistió a la escuela Woodrow Wilson en Washington, donde practicó su pasión por la fotografía.
El 2 de julio de 1986, pocos meses después de que Rojas regresara a Chile, él y una estudiante universitaria, Carmen Gloria Quintana, de 18 años, fueron detenidos por una unidad militar comandada por el teniente Pedro Fernández en un barrio de clase trabajadora en Santiago, durante un tenso día de protestas callejeras. Rojas quería fotografiar los eventos del día.
Ambos fueron golpeados por los soldados y Rojas se vio obligado a tumbarse en el suelo boca abajo, mientras que Quintana fue detenida contra una pared, según la sentencia del juez.
Las autoridades judiciales convocaron al personal militar que estuvo bajo el mando de los tenientes Figueroa y Castañer fueron convocados. Fernando Guzmán, quien en ese momento era un conscripto, declaró ante un juez en 2014 que el teniente Castañer ordenó a los soldados que rociaran a la pareja con gasolina y que “los provocó con un encendedor”.
“Fue el teniente Castañer quien los quemó con un encendedor”, declaró Guzmán. “Ambos se incendiaron de inmediato”.
La patrulla del teniente Fernández llevó a las dos víctimas, que sufrieron quemaduras en más del 60 por ciento de sus cuerpos, a las afueras de la capital y las arrojó a una zanja. Rojas murió cuatro días después. Quintana sobrevivió, pero pasó años sometida a cirugías y terapias físicas en Canadá.
“Estoy feliz de que estos criminales no puedan seguir mintiendo”, dijo De Negri, la madre de Rojas, en una entrevista el jueves. También lamentó que el castigo de los otros acusados no fuera más severo.
Las condenas forman parte de un amplio movimiento a favor de los derechos humanos que busca llevar ante la justicia a los perpetradores de crímenes cometidos bajo los gobiernos militares autoritarios de la época de la Guerra Fría en América del Sur.
En ese momento, el general Pinochet afirmó que las víctimas se habían incendiado accidentalmente con una bomba casera que tenían.
Ese mismo año, un juez civil identificó al personal del ejército como responsable y entregó el caso a un tribunal militar. En 1991, el tribunal militar sentenció al teniente Fernández a una pena de prisión de 600 días, de la cual cumplió un año en 1996.
El caso se reabrió en 2013 después de que una organización de derechos humanos presentó una denuncia penal en nombre de la familia de Rojas.