Las vidas de las familias Vergara, Martínez y Jurado cambiaron por completo tras el sismo de 2017 que dejó 369 muertos y más de 7.000 heridos en todo México. La tragedia los une, al igual que el sentimiento de injusticia. Denuncian haber sido víctimas de la corrupción, el abandono y la desorganización de las administraciones públicas. Los Vergara siguen viviendo con miedo a que un nuevo temblor destroce lo que queda de su hogar a orillas del volcán Popocatépetl. Su municipio, Ecatzingo, fue el más golpeado por el sismo en el Estado de México: el 64% de las viviendas fueron destruidas. La familia Martínez sigue esperando recuperar su casa en Ciudad de México y poder dejar de vivir a la intemperie. El edificio en el que vivían es uno de los 12.253 que requirieron ser rehabilitados o reconstruidos tras el temblor; solo en un 1,6% de ellos han terminado las obras. Mientras, la familia Jurado todavía espera a que se haga justicia tras la muerte de su hija de siete años en el derrumbe del colegio Rébsamen, al sur de la ciudad. El desplome de esta escuela fue uno de los casos que más conmocionó al país tras el temblor. 26 personas murieron, –19 de ellas menores de edad– y su directora, que estuvo en búsqueda y captura durante año y medio, fue finalmente detenida en mayo, acusada de homicidio. Cuando se cumplen dos años del mayor terremoto que sacudió a México en 32 años, EL PAÍS cuenta la historia de estas tres familias. Son solo tres de entre los 12 millones de afectados que dejó el desastre.
Entre la maleza, fuera de la vista del Estado
La familia Vergara vivió las últimas consecuencias del sismo hace tan solo dos meses. Juana Arenas, de 61 años, estaba limpiando cuando le pareció que iba a temblar de nuevo. No recuerda el día exacto, solo recuerda que llovía. “La cocina y la sala se cayeron enteras. Estuve a un segundo de irme con ellas”, cuenta. Esta familia vive bajo riesgo extremo desde septiembre de 2017, cuando más de la mitad de su casa se vino abajo. Es solo una de las más de 350 familias de Ecatzingo que fueron omitidas en el censo del desastre y que no recibirán ayuda oficial al menos hasta 2020.
A los pies del volcán Popocatépetl, Ecatzingo lo forman un millar de casas construidas en laderas cubiertas de maleza. Según el último censo, de 2010, 9.300 personas viven en este municipio de 1.739 casas. 1.112 fueron destruidas y declaradas en riesgo por el sismo, según un recuento realizado este año por el municipio. La alcaldesa, Rocío Solís, admite que aquí “no existe la idea de pedir permisos de construcción”. Entrar en la estadística para recibir ayudas tras el desastre requería de dos datos: la ubicación de la casa en un mapa de planeamiento urbano y su título de propiedad. 370 viviendas no cumplen con estos requisitos porque, según la alcaldesa de Morena (el partido del presidente López Obrador), Ecatzingo “vive una situación de propiedad comunal, herencia indígena, en la cual mucha gente se establece en terrenos heredados de familiares que nunca se pusieron al día”.
“Cuando pasaron por las viviendas los del censo estábamos ayudando a los vecinos. Casi todos sufrimos pérdidas totales. ¿Cómo esperan que nos quedáramos en la casa?”, cuenta Esther Vergara, una de las hijas. Denuncia que la gente del censo pasó una vez por cada hogar a finales de 2017 y que quienes no pudieron atenderles fueron omitidos en el presupuesto del Estado de México para la reconstrucción. “Además, los que se dedican a la venta de materiales subieron los precios”, cuenta Eulalio Vergara, de 64 años, que sostiene que el valor de las varillas de acero para sostener las construcciones pasó de 60 (2,8 euros) a 150 pesos (siete euros) las semanas posteriores al sismo.
Ecatzingo perdió más de la mitad de su infraestructura pública durante el temblor: sus 16 centros educativos se vieron afectados, la iglesia del pueblo sigue destruida y la alcaldía se encuentra en peligro de derrumbe. “Soy como el resto de los vecinos”, sentencia la alcaldesa, “que tienen la casa en ruinas pero ahí siguen, porque no tienen adónde ir”.