Duro contra evasores… ¿y contra los criminales?
N de R.- Damos hoy la bienvenida a un nuevo colaborador semanal, quien nos compartirá cada viernes su opinión de temas tan variados y de interés tanto de nivel local y estatal como nacional/internacional. El autor de SE TIENE QUE DECIR es un reconocido periodista de la vieja guardia que gusta firmar sus trabajos editoriales con el pseudónimo de CACHO. Esperamos que esta aportación, junto con la de POR LOS RINCONES DE LA HISTORIA que se publica todos los lunes, sea de su agrado e interés.
Por CACHO
Recientemente, en el seno del Senado de la República se presentó una iniciativa para que la defraudación fiscal por más de 7 millones de pesos sea catalogada como crimen organizado, a la vez que se considerará una amenaza a la seguridad nacional la evasión fiscal que afecte las finanzas públicas.
La propuesta plantea reformas en el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional.
La intención de combatir la evasión se aplaude, la forma, no…el Artículo 31 Constitucional en su fracción IV establece como obligación del ciudadano mexicano “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Su incumplimiento obviamente genera sanciones, sin embargo, pretender equiparar el delito fiscal con el crimen organizado que asuela a gran parte del territorio nacional, contraviene lo planteado en el primer párrafo del Artículo 22 Constitucional que a la letra dice:
Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
Por lo tanto, parece excesivo el que se pretenda colocar en ese peldaño de la criminalidad a la evasión fiscal, máxime cuando recientemente el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cual pupilo de primaria, se refirió en Tamaulipas a grupos criminales violentos diciendo: “Que se vaya al carajo la delincuencia. ¡Fuchi!, ¡guácala! Es como la corrupción: ¡fuchi! ¡guácala!”.
La evasión fiscal encuadra en la corrupción, entonces pues también “¡fuchi! ¡guácala!”, con ello se daría cabal cumplimiento a lo externado por el mismo Primer mandatario del país.
Es cierto que la evasión fiscal nos afecta a todos, pues va en detrimento del ejercicio de presupuesto, que en teoría, debería servir para generar mayor bienestar al ciudadano mexicano, pero atacar con toda la fuerza del Estado al evasor fiscal, sin hacer lo mismo con los grupos de crimen organizado, parece un despropósito o francamente una burla de AMLO a los mexicanos.
La posibilidad de que se lleve a cabo una reforma que convierta en realidad la propuesta presentada en el Senado de la República, prendió los focos de alarma en el sector empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dio a conocer en su mensaje semanal la seria preocupación para el sector.
Resalta en el documento que “Las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente. Preocupa mucho que, en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias. Confundiendo empresas que realizan operaciones legales con aquellas que realizan operaciones fantasmas debido a cuestiones puramente operativas, como la forma en la que se da de alta o baja en el SAT”.
Agrega el mensaje que “podría haber contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente”.
“Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza e, incluso, debido a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática”, se lee en el documento emitido por el organismo que preside Gustavo de Hoyos Walther.
Esto llama a la reflexión y a cuestionar, si el Estado está dispuesto a emplear toda su fuerza contra personas que de una manera u otra afectan al país al no cumplir con sus obligaciones fiscales ¿debería entonces actuar con igual fuerza e intensidad contra los grupos que han robado la tranquilidad a millones de mexicanos? o ¿el Jefe del Ejecutivo seguirá “mandándolos al carajo” y fustigándolos duramente con un “¡Fuchi! ¡guácala!” hasta derrotarlos?
Los mexicanos debemos no sólo esperar, sino exigir mayor congruencia a quienes detentan el poder, pues es una gran falta de respeto a la población, sobre todo a la que ha sido duramente castigada por las acciones de grupos criminales, que el presidente que fue elegido por su promesa de reencaminar al país, se exprese de una manera tan inapropiada, “mandando al carajo” a los delincuentes, sin que se presente, al menos, una estrategia claramente definida para cumplir lo que se ofreció en campaña.
Pues, se tenía que decir… y se dijo.