Quinta Parte
En la anterior publicación tratamos parte del contexto sociopolítico que originó uno de los Entes más importantes en el combate a la corrupción e impunidad en uno de los países agobiados por dicho fenómeno criminal. En esta ocasión daremos continuación, de acuerdo a lo informado por la Comisión Internacional en los medios masivos, su portal de internet, entre otras fuentes.
Una vez explicado lo anterior, retomando los antecedentes que dieron origen a la CICIG, tenemos que, el Estado de la República de Guatemala enfrentaba un reto muy serio en sus esfuerzos para hacer valer el estado de Derecho y proteger los derechos humanos fundamentales como son la vida e integridad física de sus ciudadanos. Un factor particularmente complejo eran las continuas acciones de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, las cuales se desarrollaron a partir de las estructuras de contrainsurgencia del Estado y que posteriormente aparecen y operan como redes parecidas a las mafias, las cuales están ampliamente relacionadas con actividades económicas ilícitas y crimines violentos que ejercen fuerte influencia en las diversas instituciones del estado.
En el Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, el Gobierno de Guatemala se comprometió a “combatir cualquier manifestación de fuerzas ilegales de seguridad y maquinaria clandestina de seguridad”. No obstante la Misión de verificación de las Naciones Unidas para Guatemala conocida como MINUGUA, así como organizaciones de derechos humanos, entre otros, continuaron informando sobre la existencia de dichos grupos. En particular, comunicaron que las instituciones de los sectores de justicia y seguridad habían sido penetradas y socavadas por estas mafias, lo que limitaba la capacidad del Estado para desmantelarlas.
A principios de 2003, el gobierno de Guatemala pidió al Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, asistencia a fin de desarrollar un mecanismo que ayudara al Estado a investigar y enjuiciar los miembros de estos grupos criminales. Después de debates y una misión de exploración técnica, Naciones Unidas firmó un acuerdo con el Gobierno de Guatemala el 7 de enero de 2004, el cual contenía disposiciones para la creación de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de seguridad (CICIACS).
Sin embargo, el acuerdo propuesto generó amplia controversia en Guatemala y enfrentó una fuerte oposición en el Congreso. Finalmente, se solicitó la opinión a la Corte de Constitucionalidad sobre varios puntos, y el fallo fue que ciertas partes del acuerdo violaban la delegación constitucional exclusiva del Ministerio Público.
El Gobierno de Guatemala reescribió el texto para eliminar todas las cuestiones inconstitucionales planteadas por la Corte de Constitucionalidad, hecho lo anterior, se acercó de nuevo al Departamento de Asuntos Políticos a finales de 2005 con una petición para negociar el establecimiento de una comisión con un mandato revisado y un nuevo escrito que le fue entregado al Secretario General el 31 de mayo de 2006.
Prosiguieron las conversaciones con el Departamento de Asuntos Políticos y el acuerdo para establecer la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se firmó con las Naciones Unidas el 12 de diciembre del 2006, siendo ratificado por el Congreso de Guatemala el 1 de agosto de 2007 y entrando en vigor el 4 de septiembre del mismo año, cuando el Estado de Guatemala notificó a la ONU que había completado sus procedimientos internos para su aprobación y ratificación.
Después, el secretario General de la ONU nombró a la primera comisionada que estaría al frente de dicha Comisión Internacional. Es de esa manera que nace a la vida jurídica una de las Comisiones Internacionales más importantes en el combate a la corrupción e impunidad.
En las próximas publicaciones, mencionaremos el marco legal que fundamentaba los objetivos esenciales que comprendía la naciente Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
“Fiat Iustitiae, Pereat Mundus”.