“Dónde hay poca justicia, es un peligro tener razón”. (Francisco de Quevedo).
Por: FerMan
Como lo hemos mencionado en anteriores publicaciones, la corrupción es un lastre que socava el Estado de Derecho de toda Nación. La mayoría de los ciudadanos y las autoridades, en gran parte de los países latinoamericanos, ven a la corrupción como algo natural, normal, justificándola y poniendo en práctica el famoso lema “el que no tranza no avanza”, lo cual conlleva a la percepción, en toda la sociedad, de que para lograr un beneficio en cualquier servicio público, es necesario actuar al margen de la ley, esto es, vivir en una cultura de ilegalidad.
Sin embargo, no se toma conciencia de las graves consecuencias que dicha ilegalidad acarrea para todos los miembros de la sociedad, quienes de una u otra manera, se verán perjudicados por fomentar o en su defecto, permitir actos de corrupción.
La historia de naciones con altos índices de corrupción no nos dejara mentir. Para muestra nuestro país vecino, Guatemala, entre otras naciones de nuestro Continente de cultura similar y con los mismos problemas sociales.
Por eso fue tan importante la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la cual realizó investigaciones de alto impacto durante 12d años, como ya vimos, entre ellas de actos graves de corrupción.
Entre una de tantas investigaciones de corrupción realizadas por la CICIG, se encontraba la investigación del caso “Furgones”, la que llevó al descubrimiento del caso “La Línea” en abril de 2015, que por su dimensión y alcances iba a causar una enorme reacción ciudadana de rechazo e indignación frente a la evidencia de la corrupción pública.
En dicho contexto, el 16 de abril de 2015, el Ministerio Público y la CICIG presentaron ante los tribunales el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”, cuya estructura paralela alcanzaba altas esferas del Estado.
Los integrantes de esta estructura criminal controlaban la administración tributaria y generaban ganancias millonarias para todos los cómplices. Por la complejidad del caso, se realizó en dos fases. La fase I de la investigación llevó a detenciones judiciales -entre ellas el Superintendente de Administración Tributaria (SAT) y directivos de la misma- y orden de captura en contra del entonces secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala.
Conforme avanzó la investigación del caso, y luego de allanamientos en los que se incautaron evidencias en residencias y oficinas de las personas detenidas en abril de 2015, se dio paso a la fase II de la investigación, donde resultaban involucrados altos mandos con funciones de liderazgo al mando de la estructura, entre ellas la ex vicepresidenta de la República y el entonces presidente, este último renunció a su cargo el 3 de septiembre de 2015 luego que el Congreso de la República le retirara la inmunidad.
El caso “La Línea” fue paradigmático por revelar la forma de operación de una Red político-económica ilícita dentro del Estado, utilizando ventajas políticas al más alto nivel para conformar una estructura paralela que se valió del control de la administración tributaria para generar ganancias millonarias para todos los cómplices, incluyendo a los entonces presidente y vicepresidenta de la República, bajo un esquema complejo de recepción de sobornos provenientes de la defraudación aduanera.
Para la siguiente publicación explicaremos de manera sucinta cómo es que una estructura criminal de esta naturaleza operaba y qué fue lo que permitió llevar a sus integrantes ante los tribunales.
“Fiat Justitia, Pereat Mundus”.