“Sin justicia, sólo hay divisiones, víctimas y opresores” (Napoleón Bonaparte).
Por: FerMan
Cuando los ciudadanos de un país permiten que sus autoridades se corrompan, están permitiendo su propio aniquilamiento. En ocasiones se cree que la corrupción sólo perjudica a quienes la realizan, nada más alejado de la realidad, la corrupción daña a toda la sociedad de una nación, de tal manera que, a consecuencia de la misma, se llega a despreciar la vida de aquellos que se oponen a dichos actos y luchan en contra de la corrupción.
Esto sucedió en nuestro país vecino, Guatemala, lo cual fue revelado por las investigaciones que realizaban en conjunto la Comisión Internacional Contra la Impunidad y el Ministerio Público. Lo anterior se evidenció por los crímenes relacionados con la conflictividad social y el despojo de tierras.
La CICIG abrió varias investigaciones relacionadas con la existencia de presuntas estructuras ilegales vinculadas a la protección de intereses latifundistas y la explotación de recursos naturales en áreas mayoritariamente indígenas.
El acceso a la tierra fue una causa del conflicto armado en dicho país, y desafortunadamente sigue siendo fuente de conflictividad social, que afecta tanto a los campesinos como a propietarios de empresas agropecuarias. Esta acción se traduce en el despojo de tierras, ocasionando múltiples asesinatos. Varios de estos casos quedaban en la impunidad y en muchas ocasiones, en acciones de fuerzas de seguridad que incurrirán en uso excesivo de la fuerza y en ejecuciones extrajudiciales.
Debido a las investigaciones realizadas, se observó la participación de cuerpos clandestinos de seguridad, quienes daban muerte a los líderes sindicales que se oponían a dichas acciones. En muchos de los casos, cuando se daban los desalojos de campesinos, se ejercía el uso excesivo de la fuerza, que en ocasiones se acreditaban ejecuciones extrajudiciales.
Miembros del Ejército en varias ocasiones disparaban contra los manifestantes que ocupaban alguna carretera en demanda de sus propiedades, ocasionando la muerte de muchos de ellos. También se asesinaron líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de las comunidades involucradas. Por supuesto, en estos actos se encontraban involucrados políticos, crimen organizado y elementos de las corporaciones policiales y del Ejército, quienes utilizaban el poder político-económico para generarse impunidad de sus actos.
Algunos eventos revelaron que detrás de los mismos se encontraba una estructura criminal, cuyos miembros se dedicaban al lavado de dinero u otros activos, fondos obtenidos de la usurpación agravada de tierras, donde grandes cantidades de dinero eran transferidas a las cuentas de sus miembros.
También se descubrió la participación de abogados y notarios que en conjunto con funcionarios estatales, hacían constar declaraciones falsas para hacer cesar la reserva de dominio y patrimonio familiar de las tierras, así como asentaban declaraciones falsas en mandatos y documentos públicos de supuestas compra venta de fincas. Lo anterior con el objetivo de despojar de sus tierras a los campesinos, los cuales eran amenazados y coaccionados para que abandonaran sus propiedades.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.
