“El oponerse a la corrupción en el gobierno es la obligación más importante del patriotismo” (G. Edward Griffin).
Por: FerMan
Como lo señalamos en la anterior publicación, los actos de corrupción dentro del Sistema de Justicia en Guatemala, al igual que en los países latinoamericanos, son posibles por fallas del sistema y por la falta de garantías estructurales y de prevención para asegurar la independencia judicial, provocando desconfianza de la ciudadanía en su sistema de justicia y debilitándolo gravemente.
En un sistema afectado por la corrupción, los ciudadanos no gozan de igualdad ante la ley, ni tienen las garantías al ser privados de la libertad, acusados o juzgados con base en hechos fundamentados por autoridades objetivas e imparciales a partir de elementos de prueba dignos de credibilidad. Es por ello la importancia de contar con un Sistema Judicial independiente y autónomo, sin contaminantes externos al Estado de Derecho.
Es así que la CICIG, sacó a la luz pública casos paradigmáticos que involucraban a operadores del Sistema de Justicia en actos de corrupción, entre los casos más representativos podemos referirnos a los siguientes: – Manipulación de investigaciones y evidencias en casos penales, implicando a fiscales y abogados. En la manipulación directa de las evidencias para fomentar la impunidad, obstaculizar la justicia o implicar a personas sin responsabilidad en los hechos, se evidenció la participación de diferentes profesionales del derecho, como fiscales y abogados quienes, por su función, tenían acceso a la investigación e influenciaron el proceso penal, vulnerando gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Dicha manipulación se reflejó en la influencia ejercida sobre las declaraciones de testigos mediante sobornos o amenazas, en casos conocidos como “Montoya” o el más representativo “Manipulación de Justicia” o la fabricación de evidencias falsas como en el caso conocido como “Huistas”.
La persecución de estos actos delictivos permitió restablecer la protección judicial de la cual gozan los ciudadanos, así como el debido proceso y el respeto del principio de igualdad ante la ley. Por ejemplo, en el caso “Montoya”, dos abogados y una persona particular visitaron en un centro carcelario a un colaborador eficaz, haciéndole un ofrecimiento económico de 100,000 dólares por cambiar su declaración.Tras el desarrollo de un juicio, estas personas fueron condenadas en abril de 2019.
Y en el caso de “Manipulación de Justicia”, en el cual se encontraba vinculado el jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, quedó en evidencia la manipulación de testigos y elementos probatorios para involucrar a personas inocentes y favorecer intereses privados. El caso fue enviado a juicio en marzo de 2019.
Asimismo, en el caso de los “Huistas”, se evidenció el involucramiento de abogados y notarios quienes permitieron la creación e incorporación de una documentación falsa a un proceso penal iniciado por el delito de lavado de dinero, creándose un simulacro de compraventa de maquinaria y préstamo que daría una apariencia de legalidad al dinero incautado, lo que dio a lugar el archivo del proceso y a la consecuente liberación del imputado. En mayo de 2019 fueron enviados a juicio.
Por último, en el caso conocido como “Construcción y Corrupción” las acciones de tres abogados obstaculizaron la acción penal alterando la verdad mediante la influencia sobre varios testigos que iban a dar su declaración a la fiscalía, para evitar la vinculación de un político con la investigación.
Estos abogados fueron condenados en junio de 2019 mediante un procedimiento abreviado. En este rubro que implica la corrupción judicial, seré más exhaustivo debido al impacto tan perjudicial que ocasiona dicha corrupción en la vida de una sociedad democrática.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.