“La corrupción es un cáncer que le roba a los pobres, carcome al gobierno y a la fuerza moral y destruye la confianza” (Robert Zoellick).
Por FerMan
Continuando con el análisis del Informe elaborado y publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2019, titulado “Corrupción y Derechos Humanos”, el mismo señala que “la corrupción impacta directamente en la satisfacción de la obligación de los Estados de destinar hasta el máximo de sus recursos disponibles en materia de derechos humanos, en particular para garantizar el goce y ejercicio de los DESCA. En particular la corrupción afecta a las personas en situación de pobreza debido a que por su condición de vulnerabilidad, sufren de manera agravada las consecuencias de dicho fenómeno. En efecto, el fenómeno de la corrupción afecta con mayor impacto a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad…”.
En dicho contexto, no podemos dejar de mencionar que en efecto, los actos de corrupción evitan que se destinen los recursos suficientes a programas sociales, de asistencia, atención, de protección, de reparación integral del daño, entre otros, perjudicando en gran manera, no sólo a las víctimas del delito y de graves violaciones a derechos humanos sino también a los operadores del sistema de justicia que se ven limitados a cumplir oportuna y eficazmente con sus obligaciones. Continuando con el Informe multicitado, refiere que “La Comisión destaca con preocupación la situación de personas que se encuentran en contexto de riesgo atendiendo a su labor en la lucha contra la corrupción. En particular es de destacar, la situación de defensores de derechos humanos que sufren amenazas y violencia por sus investigaciones y denuncias en materia de corrupción. Asimismo, se encuentran afectados los funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad encargados de llevar adelante estrategias de lucha contra la corrupción a falta de medidas de protección, particularmente en situaciones de crimen organizado y narcotráfico”.
Así, en este sentido, es preocupante que existen varios asesinatos en contra de defensores de derechos humanos, que por hacer denuncias públicas por actos de corrupción y de violaciones graves a derechos humanos, han sido privados de la vida. El informe señala también que “para enfrentar el flagelo de la corrupción se deben desarrollar e implementar en los distintos niveles de gobierno, una serie de políticas públicas que permitan consolidar una estrategia integral de la lucha contra la corrupción tomando en cuenta los derechos humanos”.
Lo anterior, en definitiva es de suma importancia, pues la corrupción incide sin lugar a dudas, en las graves violaciones a derechos humanos, los cuales quedan en total impunidad.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.