“La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes”
(Calos Malato)
Por FerMan
De nuevo se avizoran nubarrones muy oscuros para la democracia de nuestro país, pues el titular del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador ha señalado, en una de sus mañaneras, que desaparecerá varios organismos autónomos, entre ellos el INAI y el IFT. Sin embargo, como ya lo había referido con anterioridad, el eliminar organismos autónomos que fueron creados constitucionalmente y conforme a las exigencias de los Organismos Internacionales en materia de derechos humanos, representa un grave retroceso de la democracia de México y un peligro inminente para el respeto de los derechos humanos de todos los mexicanos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue creado como un logro de organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, por lo que su eliminación daría al traste con ese gran logro. Como una opción dada por el titular del gobierno federal, señala que dichos organismos autónomos podrían pasar a formar parte de instituciones públicas del gobierno federal, como ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pasaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el INAI pasaría a formar parte de la Secretaría de la Función Pública, o de la Auditoria Superior de la Federación o bien de la Fiscalía Anticorrupción.
Definitivamente muy preocupante resulta lo anterior, puesto que los órganos autónomos son un contrapeso del poder frente a las arbitrariedades del gobierno en turno; estos organismos son y han sido instrumentos de los ciudadanos para ejercer derechos fundamentales como lo son el acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión, entre otros. Es por ello que eliminar estos organismos autónomos es una medida que atenta contra la democracia y los derechos humanos. Lo anterior porque no se puede ser juez y parte de la información, puesto que las instituciones de gobierno concentrarían y ejercerían de una forma discrecional y arbitraria las funciones que deberían llevar a cabo y la obligación de informar a la ciudadanía.
Entre los motivos que argumentó el Presidente López Obrador para su eliminación, señaló que dichos organismos autónomos han salido muy caros al país, discurso por demás populista, que como todos lo que acostumbra realizar, lleva consigo oculto el verdadero propósito, en este caso el objetivo de eliminar todos los entes autónomos que le puedan ocasionar contrapeso en las decisiones que su gobierno tome con respecto a la res pópuli de la república mexicana. Lo anterior además indigna porque la creación de esos organismos autónomos no fueron concesiones gratuitas de los gobiernos pasados, fueron conquistas de fuertes luchas de los ciudadanos, por lo que, en definitiva, saldría más caro que México cayera en el autoritarismo que mantener dichos organismos autónomos.
Asimismo, es importante mencionar que esa decisión del Presidente López Obrador contraviene estándares internacionales en materia de derechos humanos, pues como bien lo ha indicado en varias ocasiones el Relator de la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, para que un Estado miembro de la ONU cumpla con su obligación en el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos, ente ellos el de la libertad de expresión, “es fundamental la creación de un órgano de supervisión autónomo y especializado, encargado de promover la implementación de la legislación en materia de acceso a la información pública”; lo antes señalado tiene su razón en el hecho de que cuando una dependencia del gobierno en turno tiene el libre acceso a la información, incluyendo la protección de los datos personales, conlleva un peligro inminente para activistas de derechos humanos y también para periodistas críticos del gobierno, pues generalmente son hostigados, intimidados y perseguidos como enemigos del “pueblo” sin fundamento alguno.
Es por ello que eliminar estos organismos autónomos, pone en un grave peligro el Estado de Derecho de nuestro país. Para que verdaderamente un gobierno sea democrático, no sólo debe señalarlo en los discursos, sino que debe demostrarlo con los hechos, en este caso, si realmente el gobierno federal en turno se considera defensor de la democracia, debe fortalecer los organismos autónomos y no eliminarlos o debilitarlos, como por desgracia, lo ha venido realizando en los pocos años de su administración. Entonces nos queda levantar la voz y señalar los graves errores que el gobierno federal está cometiendo, porque de lo contrario, de no hacerlo, el día de mañana será demasiado tarde.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.