A través de una rueda de prensa, Amin Anchondo, síndico de Chihuahua, dio a conocer que el pasado 5 de enero interpuso una Queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), debido a la reforma al Reglamento de Participación Ciudadana, misma que fue aprobada de forma rápida y sin el involucramiento de la sociedad civil, reduciendo el número de personas que pueden fungir como contralores sociales en el municipio de Chihuahua.
En esta iniciativa propuesta y aprobada por las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Gobernación, las y los regidores incluyeron modificaciones a la figura de Contraloría Social, por lo que Amin Anchondo expresó que “la propuesta viola el principio de máxima participación, ya que los regidores no deberían reformar el reglamento para limitar la participación a solo 10 contralores sociales, sin la participación de las personas en estas discusiones y modificaciones.”
Cabe destacar que para la aprobación de este reglamento en septiembre de 2019 tomó más de 13 sesiones de discusiones abiertas con las personas y la sociedad civil, incluyendo foros abiertos, no obstante, esta reforma solo tomó 2 sesiones de discusión en las comisiones sin considerar la opinión de ni una sola persona o una sola organización de la sociedad civil.
“Como saben, existen varios principios básicos de los Derechos Humanos, uno de ellos es la progresividad: que como lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos se relaciona de manera directa con la prohibición de retrocesos en la protección, garantía y ejercicio de éstos esta reforma a este reglamento atenta claramente en contra de este principio” manifestó Amin Anchondo.
Además, expresó que la decisión de esta limitación va en contra de los principios de la ley aprobada por el Congreso. “Estos 10 contralores van a durar en el cargo 3 años. La comisión ni siquiera consideró un esquema de escalonamiento como con el consejo consultivo de Participación Ciudadana, ni contempla que cada uno pueda tener un suplente, por lo que las personas que elija esta administración como Contralores Sociales durarán en su cargo hasta finales de la próxima administración”, añadió.
Otro de los argumentos que motivaron al equipo de la Sindicatura para interponer la queja correspondiente radica en la dificultad que representa para las personas el acceder a la participación ya que los requisitos que solicitan son excesivos y restrictivos, puesto que únicamente las personas que han vivido 5 años en la ciudad, además estar al corriente de pago del Impuesto Predial son quienes podrán hacer contraloría ciudadana, lo cual implica que se te restrinjan los derechos políticos y de participación de quienes no cuenten con ello.
En ese tenor, Amin expresó que “en Chihuahua es más fácil ser regidor que contralor social, ya que para ser regidor solo te piden ser vecino de la ciudad por 6 meses. Este artículo es completamente ridículo y restrictivo.”
La queja presentada ante la CEDH representa un esfuerzo más por parte de la Sindicatura de Chihuahua por promover la participación ciudadana en el municipio, a razón de que este tipo de decisiones representan un retroceso para los derechos de todas y todos en materia de participación social.
Finalmente, Amin informó que desde la Sindicatura se dará seguimiento para esperar la radicación de la queja por parte de la comisión. De admitirse, la comisión pedirá a la autoridad señalada como responsable, en este caso el Ayuntamiento, rinda un informe dentro de los 15 días siguientes para posteriormente revisar si es necesario abrir una investigación para dar seguimiento al asunto y, de contar con una recomendación, se notificaría al Ayuntamiento dentro de los 15 días siguientes para que pueda aceptarla o no; de aceptarse se tendrían 15 días más para hacer los cambios pertinentes.