“Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, y con sus hechos lo traicionan” (Benito Juárez)
Por FerMan
Los derechos humanos han estado constantemente amenazados por el gobierno de la 4T. Debido a que, durante el año 2020, 14 defensores de derechos humanos perdieron la vida de manera violenta, que por desgracia, pueden catalogarse como ejecuciones extrajudiciales cometidas por motivos políticos, lo cual no significa otra cosa que una forma de castigo por la actividad de defensa de los derechos humanos, en donde se advierte participación del estado en su comisión por aquiescencia. Lo anterior es según el resultado del trabajo realizado por el Comité Cerezo México, que desde el 2008 ha documentado las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos en México.
Según dicho informe, no se documentaron los homicidios de defensores de derechos humanos a manos de particulares, lo cual elevaría las cifras, sino sólo aquellos donde el gobierno tiene parte de responsabilidad. Dicho informe no partió del discurso presidencial de Manuel Andrés López Obrador, ni de otros actores políticos o incluso ni de los medios de comunicación, sino de hechos concretos, de las cifras y del análisis de estas cifras para llegar a la realidad y no como se hace en muchos casos que se intenta amoldar la realidad a la posición política del gobierno en turno.
Esto es, según dicho informe, no se trata de justificar las cifras con posiciones políticas neoliberales ni mucho menos con la posición política ultraizquierdista, ya que dichas violaciones graves al derecho humano de la vida, se cometieron tanto en estados donde gobierna la derecha, como la izquierda; por ejemplo, en el Estado de Oaxaca fueron 6 defensores los privados de la vida, en el Estado de Guerrero 2, en Baja California 2, en Chiapas 1, en Morelos 1, en Veracruz 1 y en nuestro Estado de Chihuahua 1.
De estos, los estados de Chiapas, Baja California y Veracruz tienen un gobierno estatal emanado de MORENA, Oaxaca y Guerrero son gobernados por el PRI, el Estado de Morelos por el PES y Chihuahua por el PAN.
Así, del informe referido podemos arribar a la conclusión de que, por desgracia, sin importar el credo político que se encuentre en el poder, los activistas defensores de los derechos humanos siguen siendo asesinados. El gobierno de López Obrador ha quedado mucho a deber en el rubro de la defensa de los derechos humanos, pues siguen siendo asesinados defensores derechohumanistas y no se cuenta con políticas públicas que logren una verdadera protección a quienes de manera valerosa se dedican a la defensa de los derechos humanos.
“Fiat Justitiae, Péreat Mundus”.