“El pueblo no necesita que su gobierno se queje y culpe a su antecesor. Es votado para que mejore la situación; por eso fue elegido, para dar soluciones, para quejarse ya está el pueblo” (anónimo)
Por FerMan
En los últimos años el fenómeno de la corrupción ha ido en aumento. Este fenómeno se presenta tanto en países democráticos como en aquellos con sistemas dictatoriales. La magnitud de la corrupción es estructural y tiene consecuencias negativas para el sistema democrático, el Estado de Derecho y los derechos humanos, por lo que se requieren esfuerzos proporcionales al problema y por eso, es necesario que la sociedad civil, los movimientos sociales y la población en general exijan transformaciones contundentes para erradicar la corrupción, sin embargo, es necesario un liderazgo político que verdaderamente impulse los cambios estructurales que sirvan para erradicar la corrupción.
En lo particular, la corrupción afecta a toda la sociedad, pero tiene más impacto perjudicial en las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, debido a que, por su condición de vulnerabilidad, sufren de manera agravada las consecuencias del fenómeno.
De conformidad a los estándares interamericanos, los Estados están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos.
En materia de combate a la corrupción, las medidas tomadas deben ser integrales y coordinadas a desmantelar los factores sistémicos que fomentan, permiten y provocan la corrupción, entre ellas, la debilidad institucional, la concentración de poder, la amplia discrecionalidad de las leyes, la ausencia de mecanismos de control efectivos, el ambiente de impunidad, la falta de adecuadas y oportunas reparaciones a las víctimas y la influencia de extendida cultura de tolerancia hacía la corrupción. En cuanto a la debilidad institucional y la concentración de poder, en México lo estamos viviendo al observar cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador va debilitando y desapareciendo las instituciones autónomas y se va haciendo poco a poco de un poder dictatorial, síntomas sin lugar a dudas, de actos de corrupción.
El fortalecimiento y la adopción de un marco institucional adecuado dirigido a combatir la corrupción debe investigar, juzgar y sancionar de manera efectiva a los responsables de delitos contra periodistas, defensores de derechos humanos y demás personas que denuncian actos de corrupción. El marco jurídico debe ser suficiente para la efectiva investigación, juzgamiento y sanción y garantizar la independencia frente a injerencias o influencias de terceros que puedan afectar dicha tarea.
Hoy en día, a todos los ciudadanos nos compete luchar contra la corrupción, sin olvidar que, de no combatirla, pronto seremos sus víctimas.
“Fiat Jutitiae, Péreat Mundus”.