Huele a gas…
Por Heriberto Ramírez
Hacia finales de la década de los 70 circuló profusamente un libro de Heberto Castillo y Rius que llevaba por título Huele a gas. En él, con la agudeza característica de Castillo hacía una crítica en contra de la construcción del primer gasoducto de México hacia Estados Unidos (Cactus-Reynosa, que no llegó a realizarse). Con su visión ingenieril aportaba los cálculos en relación con nuestras reservas petroleras y denunciaba la entrega tan desatinada de este recurso no renovable. Las caricaturas de Rius le daban el toque de humor corrosivo tan característico con el que una buena parte del país se desternillaba de la risa.
Desde la izquierda de manera insistente se cuestionó la pésima política petrolera y los intereses políticos y económicos asociados con ella. Como nunca la corrupción política se regodeó en sus laureles, fue así que la mayor riqueza natural de este país se dilapidó, a través de acuerdos negociados entre políticos mexicano y empresas norteamericanas. Los argumentos de don Heberto Castillo, si alguien los recuerda, eran que se construyeran refinerías para un mejor aprovechamiento del petróleo y sus múltiples derivados, calculando la durabilidad de nuestras reservas en base al ritmo de explotación de aquel entonces estimaba un periodo aproximado de 30 años, lo cuales proféticamente casi se cumplieron, con un margen, quizá de diez años, pero finalmente hemos visto cómo los yacimientos de nuestro petróleo han ido llegando al agotamiento.
Sin embargo, sus planteamientos fueron considerados como absurdos, sin que hubiera una discusión abierta que permitiera conocer de fondo cómo se estaban tomando las decisiones y el diseño de la estrategia para el mejor uso de esta fuente de energía. Lo que sí se construyeron fueron gasoductos para abastecer nuestras necesidades de gas y alimentar nuestras centrales eléctricas, sobre el argumento que resultaba mucho más barato importarlo que producirlo.
El llamado boom petrolero financió durante las últimas décadas el desarrollo del país, que, además, en paralelo se contrataba deudas financieras impensables con los organismos económicos internacionales. Pero, al irse acabando el oro negro también se fueron debilitado las grandes columnas del crecimiento económico, educativo y cultural. El Estado ha dejado de invertir en las universidades, en la ciencia, en infraestructura carretera, industrial y demás. Porque el dinero proveniente del petróleo ya no llega más.
Ha bastado una tormenta invernal para desnudar, no solamente nuestra fragilidad frente a la naturaleza, sino también la vulnerabilidad de nuestra infraestructura tecnológica y comercial en materia energética. Sobre el ánimo ciudadano pesa la idea de que pudimos haberla enfrentado en condiciones muy distintas de haber existido una adecuada administración de nuestros recursos energéticos. Pues, ha sido el mismo presidente quien ha dejado sobre la mesa que esto es consecuencia de nuestra falta de autosuficiencia energética
Aunque, si vemos la situación de fondo primero conviene analizar si México está realmente en condiciones de alcanzar la autosuficiencia, incluso si este es un modelo viable dadas las condiciones en las que opera el mercado energético en el mundo actualmente. La cámara de diputados ha dado el aval a una iniciativa del ejecutivo para modificar la Ley de la Industria Eléctrica con la idea de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y limitar a los particulares en la producción eléctrica. Si bien se dice que “con esta iniciativa no desaparece la participación privada, pero ahora se ajustará a una realidad en la que no tendrá manera de pasar costos indirectos a la sociedad y si usa la red pública, deberá pagar lo correspondiente”.
Suele decirse que nunca es demasiado tarde, o bien, que siempre es más tarde de lo que pensamos, para efectos de reorientar nuestra gestión en materia energética. Habrá que crear antes, me parece, alternativas sobre las formas en las que se diseñan las políticas públicas y se toman las decisiones. Puede que la política energética mexicana se haya diseñado sobre la opinión de expertos y políticos, pero los ciudadanos quedamos totalmente al margen. Pensemos un camino distinto en el cual se nos deje claro a los ciudadanos y a los responsables políticos qué se puede delegar o limitar a los expertos y qué deberá ser un tema de debate político genuino, en el que se incluya la posibilidad misma de rechazar por completo el consenso de los expertos, pues puede que no necesariamente digan la última palabra.
Claridad es lo que menos se ha tenido, se nos está presentando una buena oportunidad para enmendar errores, aunque se consideren cosa del pasado, y construir nuevas vías de discusión en el diseño de políticas públicas, en materia energética, alimentaria y sanitaria, por mencionar las menos, con ciudadanos mejor informados y asesorados, que puedan limitar o regular las decisiones de expertos y políticos. Claro, antes habrá que vencer nuestro bien fundado escepticismo político.