“Algo peor que un político corrupto, es un ciudadano que lo defienda” (anónimo)
Por FerMan
Para continuar con los comentarios al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que se ha estado analizando en anteriores publicaciones referente a la intrínseca relación que tiene la corrupción con la impunidad y las violaciones graves a los derechos humanos, nos remitiremos ahora a las recomendaciones que dicho Organismo Internacional emitió para el combate de la corrupción, donde entre las principales recomendaciones tenemos que, en principio es necesario que los Estados aseguren que las víctimas de la corrupción se encuentren en el centro de la lucha contra este fenómeno y formen parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación de mecanismos, prácticas, políticas y estrategias para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, considerando los principios de no discriminación e igualdad, rendición de cuentas, acceso a la justicia, transparencia y participación ciudadana.
Lo anterior no es otra cosa que permitirles a las víctimas de corrupción y de violaciones graves a sus derechos humanos, participar en toda acción que realice el Estado para combatirla, lo cual consideramos que es muy positivo, pues precisamente son las víctimas quienes, al resentir el impacto de la corrupción, adquieren la calidad necesaria para colaborar y aportar medidas efectivas que ayuden a la lucha contra este fenómeno.
Como otra de las recomendaciones relevantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también señala a los integrantes de la Organización de los Estados Americanos, que es necesario implementar investigaciones eficientes, rápidas y completas de las situaciones de corrupción; garantizando que esas investigaciones sean serias, estén destinadas a obtener resultados y que sean respetuosas de las garantías judiciales al amparo del debido proceso y del derecho a una defensa adecuada, tanto en los procedimientos penales como administrativos.
Por supuesto que para lograr lo anterior, es necesario que se implementen mecanismos de protección dirigidos a proteger eficazmente a testigos, víctimas y sus familiares, y que se considere, a lo menos, la participación de defensores, organizaciones de la sociedad civil y expertos en el fenómeno de la corrupción. Para sustentar lo antes señalado, también es importante crear mecanismos de prevención, promover una cultura de legalidad y dotar de suficientes recursos humanos y financieros a las instituciones que sirven para investigar y denunciar actos de corrupción.
Lamentablemente, por desgracia, como lo he señalado en publicaciones anteriores, los países latinoamericanos están muy distantes de contar con instituciones sólidas que sirvan para prevenir, investigar y erradicar la corrupción. Pues hoy en día, vemos cómo algunos de los gobernantes en turno, utilizan las instituciones que deben servir en el combate a la corrupción, únicamente para satisfacer intereses personales, ideológicos o afines a su grupo de poder, olvidando la objetividad e imparcialidad que debe prevalecer en la lucha contra éste fenómeno. Mientras que otros, se dedican a debilitar aquellos organismos autónomos que fueron creados para equilibrar el poder, a efecto de evitar posibles actos de corrupción.
Sin embargo, nadie ha dicho que el combate a la corrupción e impunidad fuera fácil, es por ello que todos los ciudadanos debemos unir esfuerzos para no permitir que nuestros gobernantes distorsionen la ley y se apoderen de las instituciones que fueron creadas, precisamente, para prevenir, investigar y erradicar los actos de corrupción.
“Fiat Justitiae, Péreat Mundus”.