La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el fiscal del Ministerio Público asignado al caso de los policías que ocasionaron la muerte de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar en Tulum la tarde del sábado ejerció la acción penal en contra de los cuatro policías municipales, una mujer y tres hombres; fueron ingresados al centro de detención correspondiente y puestos a disposición de un juez de control.
El fiscal general Óscar Montes de Oca Rosales precisó que tras la necropsia, peritos del Servicio Médico Forense concluyeron que se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebras, lo que provocó la pérdida de la vida de la víctima.
Las lesiones referidas, de acuerdo con los dictámenes en materia de criminalística, medicina forense y al material videográfico, que forman parte de la carpeta de investigación, son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer.
Indicó que, en efecto, la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado fueron desproporcionados y violaron con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza.
Mientras tanto, Nesguer Vicencio Méndez, director de la policía municipal de Tulum, fue destituido, en su lugar ha quedado como encargado del Mando Único Policiaco en Tulum Carlos Lázaro.
Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, dirigió un mensaje a la ciudadanía en el que expresó su indignación, vergüenza y repudio a los hechos del pasado 27 marzo, “donde en un acto inaceptable violentando todos los protocolos de actuación una mujer, ante la intervención policial, perdiera la vida en este municipio de Tulum. Las imágenes son vergonzosas y contundentes en cuanto a la pésima actuación de la y los policías que intervinieron”.
El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que Victoria tenía condición como residente permanente por razones humanitarias al haber obtenido el reconocimiento de la condición de refugiado, con el número de documento 11598479, expedido el 6 de marzo de 2018.
Rosibel Arriaza, madre de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, expresó ante los medios de comunicación en su país su indignación por el asesinato de su hija a manos de policías municipales de Tulum, el sábado por la tarde.
“Me siento impotente, frustrada, yo hubiera querido estar ahí como madre, pero uno no puede estar en todos los lugares. Cuando los hijos crecen ellos solos toman sus decisiones y ella se fue para allá, sin embargo no merecía esa muerte.
“Se supone que las autoridades están para proteger”, dijo con la voz entrecortada.
“Aunque sé que mi hija ya no volverá a la vida, eso yo lo sé, pero en el área moral y emocional, yo estaría más que satisfecha que esos señores (policías) pagaran”, agregó.
Victoria Salazar Arriaza dejó en la orfandad a dos niñas, una de 15 y una de 16 años.
La abuela desesperada ha pedido ayuda a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para viajar y estar con ellas, así como para repatriar el cuerpo de su hija.