CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

“Para decir mentiras, hay que tener memoria; para decir verdades, hay que tener valor” (anónimo)
Por FerMan

Continuando con el comentario del Quinto Informe de seguimiento de recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de Derechos Humanos en México durante el año 2020, advertimos un retroceso preocupante en materia de protección y garantías de los derechos humanos de los mexicanos. En este caso, es sabido que los derechos humanos, a partir de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de junio de 2011, han sido elevados al rango constitucional, lo que significa que los derechos humanos plasmados en nuestra Constitución Federal y aquellos previstos en los Tratados Internacionales que han sido ratificados por el Estado Mexicano, son derechos fundamentales de observancia obligatoria para el Estado Mexicano.
El artículo primero de nuestra Carta Magna lo dice muy claro cuando señala en su tercer párrafo: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley”. Es así que, con base en dicho precepto las autoridades municipales, estatales y federales deben cumplir con la obligación del respeto irrestricto de los derechos humanos de su gobernados.
No obstante, debido a que la mayoría de los gobernantes de los países latinoamericanos creen que se rigen por sus propias leyes, que generalmente corresponden a leyes de total autoritarismo, donde la democracia y el Estado de Derecho es lo que menos les importa, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, año con año, a través de expertos internacionales en el ámbito de los derechos humanos, analiza y observa la aplicación de las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos y emite aquellas recomendaciones que se consideran necesarias para que los países amolden su marco jurídico, de tal manera que, los ciudadanos puedan acceder al goce y ejercicio efectivo de sus derechos humanos, lo anterior según lo dispone el artículo 59, inciso 9 del Reglamento que regula dicha Comisión Interamericana.
Es en dicho contexto que, en el caso particular, la CIDH hizo diversas recomendaciones al Estado Mexicano con respecto a la inseguridad ciudadana y militarización, desapariciones, tortura, acceso a la justicia e impunidad, situación de la libertad de expresión, así como la situación de grupos particulares o de vulnerabilidad, que en su quinto informe de seguimiento, señala que, en vez de avanzar, México va retrocediendo de manera alarmante a partir de la administración de Manuel Andrés López Obrador.
Y lo anterior es muy preocupante, puesto que generalmente, los gobiernos totalitarios son quienes más derechos humanos violentan debido a que, su deseo es imponer sus propias leyes. En próximas publicaciones analizaremos a detalle, los motivos por los cuales el Estado Mexicano no sólo ha incumplido las recomendaciones del multicitado informe sino que ha retrocedido, sobre todo en los últimos dos años de la administración de López Obrador.
“Fiat Justitiae, Péreat Mundus”.

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