WASHINGTON.- Estados Unidos amplió las medidas de restricciones de visas a casi 300 ciudadanos de Guatemala, incluidos más de 100 miembros del Congreso “por socavar la democracia y el Estado de derecho” y fustigó la última ofensiva del gobierno guatemalteco para impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el cargo. La Unión Europea también se prepara para tomar medidas ante los intentos de la Justicia y el Congreso de anular el resultado de las elecciones presidenciales de agosto, en las que Arévalo se impuso con el 60,9 por ciento de los votos.
Desde su victoria en agosto, Arévalo, un outsider que arremetió con el Movimiento Semilla y logró imponerse en la segunda vuelta de las elecciones, ha estado bajo una constante presión política y una persecución de los fiscales del gobierno de Alejandro Giammattei.Arévalo lleva meses acusando al Ministerio Público y a su jefa, Consuelo Porras, de estar llevando a cabo un “golpe de Estado” para impedir su toma de posesión. La semana anterior, los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales, fuertemente cuestionados en su país y por Estados Unidos, avanzaron para anular el resultado de las elecciones y anticiparon que presentaran pruebas ante el Tribunal Supremo Electoral de supuestas irregularidades.
El gobierno de Biden dijo que los intentos por anular los resultados electorales constituyen evidencia de su clara intención de “deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala y impedir la transición pacífica del poder”. Luis Almagro, secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó “el intento de golpe de Estado” por parte del Ministerio Público. El Consejo Permanente de la OEA se reunirá este martes para discutir la situación en Guatemala.
“Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población de su país”, dijo Almagro en un comunicado, y pidió que Giammattei, la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Congreso defiendan “las instituciones y el orden constitucional del país”.
En una entrevista con The New York Times, Arévalo reconoció que enfrenta enormes obstáculos.
“En el siglo 20 eran golpes de fuerza con tanques, bayonetas, con militares y duraban dos o tres días”, comentó Arévalo. “Los golpes del siglo 21 son dados con diputados, con abogados, en las cortes, se hacen así –dijo–. Es más sofisticado, tarda mucho más tiempo, se hace con la pretensión de que se continúa con las instituciones”.
Ante la ofensiva contra Arévalo, el gobierno de Joe Biden comenzó a elevar la presión sobre Guatemala para resguardar la transición presidencial. El Departamento de Estado ya había impuesto “restricciones de visas” por los intentos para socavar la democracia a 25 individuos, y, en un gesto del gobierno de Joe Biden, había enviado al subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández, a reunirse con Arévalo la semana anterior. Ahora la administración demócrata amplió dramáticamente las medidas para intentar garantizar la jura de Arévalo, al imponer las mismas restricciones a cientos de individuos, incluidos legisladores. Los nombres de las personas sancionadas no fueron difundidos.
“Estados Unidos condena enérgicamente las actuales acciones antidemocráticas del Ministerio Público de Guatemala y otros actores malignos que socavan el Estado de derecho de Guatemala”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
El gobierno de Biden cargó contra las “descaradas medidas”, y dijo que la “solicitud de retirar la inmunidad del presidente electo Arévalo y sus intentos de anular los resultados electorales constituyen evidencia de su clara intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala y impedir la transición pacífica del poder”.
El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Bornell, dijo la semana anterior que el organismo también estaba contemplando sanciones a quienes intentaran revertir la votación.
“Estas últimas acciones y declaraciones del Ministerio Público de Guatemala representan un intento de golpe de Estado, encabezado por fiscales con motivaciones políticas”, dijo Borrell en un comunicado. “Muestran desprecio por la voluntad clara de los ciudadanos de Guatemala”, agregó.
LA NACIÓN