“¡Ay de los pueblos gobernados por un poder que ha de pensar en la conservación propia!” (Jaime Balmes)
Por FerMan
El presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente se encuentra violentando la ley, y sin pena alguna, lo manifiesta ante el público como si estuviera viviendo en la dictadura que siempre soñó. Lo anterior se ha hecho evidente desde que asumió al poder como titular del Ejecutivo, pero en las últimas semanas se ha hecho más evidente, sobre todo por las determinaciones que ha tomado.
La primera de ellas cuando envió las iniciativas para reformar nuestra Carta Magna, en donde incita al Poder Legislativo de la Nación a no solo mantenerse en la ilegalidad, sino a profundizarla más, pues propone aumentar el número de delitos de prisión preventiva oficiosa, o mejor conocida como la prisión automática, pese a que desde el año 2022 y en el 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por mantener la prisión preventiva oficiosa al ser violatoria a los derechos humanos, por tal motivo debe ser eliminada de nuestra Constitución Federal.
Sin embargo, AMLO no ha acatado dicha sentencia a más de un año de su emisión, lo cual, sin duda alguna, manifiesta el desprecio que tiene por los órganos jurisdiccionales, no solo nacionales, sino también internacionales. La prisión preventiva es una palanca muy poderosa para el Ministerio Público, el cual no tiene que argumentar ni justificar las razones por las cuales una persona puede estar detenida sin siquiera haber sido condenada mediante un juicio, sólo porque se encuentra involucrado en un delito del catálogo de prisión preventiva oficiosa, violentando la presunción de inocencia, pues todo individuo que es señalado de haber cometido un delito goza de la presunción de inocencia hasta en tanto no se demuestre lo contrario a través de un juicio.
La segunda referencia de la ilegalidad en que se encuentra López Obrador, es la relacionada a la violación de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, debido a que violentó dicha disposición legal, entre otras, al revelar y hacer público el teléfono privado de una periodista de un semanario de los Estados Unidos. Lo anterior, con independencia de quien sea la persona de la cual se hayan publicado sus datos, por ley, toda autoridad, así como los particulares, se encuentra obligada a reservar cualquier dato sensible al público en general; sin embargo, al presidente López Obrador le salió de nueva cuenta lo dictador que lleva dentro, cuando al ser entrevistado sobre el tema, en una de sus mañaneras, respondió, sin recato alguno, y para sorpresa de propios y extraños que, “cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México, por encima de esa ley (y por supuesto de cualquier otra) está la autoridad moral y la autoridad política”.
Que lamentable que quien es la máxima autoridad de nuestro país, y quien juró cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución y las leyes que de ella emanen, ahora salga con este disparate, cual si estuviéramos en un país gobernado por un tirano que no respeta el marco jurídico que lo regula. Me pregunto, ¿Así o más claro? ¿Acaso no advierten las ansias de López Obrador y de todos sus seguidores para convertir a México en una dictadura a toda costa?
Ruego a Dios que en las próximas elecciones el pueblo de México reflexione su voto y evite la continuidad de estos espasmos dictatoriales que se pretenden implantar a través de los candidatos de Morena. Así sea.
“Fiat Justitiae, Pereat Mundus”.