Diputadas y diputados de la 67 Legislatura apoyaron la proposición del diputado Gustavo De la Rosa Hickerson, por la cual se pidió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a su Órgano Interno de Control y al Poder Judicial del Estado, se garantice la defensa de oficio a quienes son parte en los procedimientos de responsabilidad administrativa.
El Legislador resaltó que el contar con una defensa pública de oficio es un derecho fundamental que toda persona debe de tener en su esfera jurídica, por ello el llamado urgente referido.
Al respecto el iniciador expuso que actualmente se presenta la problemática de que una vez que la Unidad de Auditoría e Investigación del Órgano Interno de Control no solo de la CEDH sino de la mayoría de los Órganos Internos de las Instituciones públicas, concluyen su investigación y realiza las diligencias necesarias para contar con los elementos suficientes para determinar si existe o no una acción u omisión de los servidores públicos que sea atribuible a una falta administrativa, y que dicha investigación es pasada a la Unidad de Substanciación y Resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, estas no cuentan con los Defensores de Oficio.
Lo anterior, obstaculiza el principio de celeridad del Proceso y se incumple con lo previsto por el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que menciona entre otros, el Derecho de las personas involucradas a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; agregó De la Rosa.
Ante ello, existen dos opciones o se suspende el procedimiento de responsabilidad administrativa o se lleva el procedimiento sin un defensor designado, violentando de esta manera los Derechos Humanos relativos con el debido proceso.
El derecho a una defensoría pública debe ser garantizado por el Estado, y en el caso de los procedimientos de responsabilidad administrativa, es importante que se asegure dicha defensa a aquellas personas que no tienen los recursos económicos para contratar a un abogado privado. La garantía de este derecho es esencial para evitar cualquier tipo de vulneración de los Derechos Humanos Derechos Humanos relacionados con el debido proceso, es por ello la urgencia para que se atienda la petición aprobada por integrantes de la 67 Legislatura del Congreso.