Chihuahua.- El abogado Juan Carlos Mendoza, defensor del exgobernador César Duarte Jáquez, cuestionó a los diputados locales sobre el fideicomiso que se debió crear legalmente para efectuar la venta de los bienes embargados al exgobernador César Duarte Jáquez en medio de la denominada ‘operación justicia para Chihuahua’.
Luego de que el diputado local por Morena, Cuauhtémoc Estrada, calificara como un linchamiento político el documental nombrado “La Farsa”, al defender que las investigaciones impulsadas por el exgobernador Javier Corral Jurado lograron rescatar mil 350 millones de pesos a los recursos estatales, Juan Carlos Mendoza señaló que el morenista sabe perfectamente que los bienes no fueron asegurados ni ofertados de manera legal.
«Es una verdadera pena que al pueblo de Chihuahua se le siga engañando por todos los medios, con todos los actores políticos, por todas las oportunidades que tienen para contar mentiras; no ha habido una sola resolución judicial que pueda acreditar, que pueda demostrar quienes dicen estas expresiones tan desafortunadas de las cuales los reto a que las exhiban así abiertamente, alguna resolución en donde se le haya privado del dominio de manera judicial», sentenció Mendoza Luján.
Detalló que tan sólo del proceso para adjudicarle la segunda causa penal con folio 1260/2017 por el presunto desvío de 120 millones de pesos, del que se ganó un amparo el mes pasado, la autoridad debería de regresarle al menos tres de los ranchos que se le incautaron así como una casa en el municipio de Balleza, sin embargo, aseguró que no existen los procedimientos correctos y el papeleo debido para la supuesta incautación y/o subastas, por lo que todo se trató de un robo.
En este sentido fue que manejó, hubo muchas privaciones de dominio completamente inconstitucionales, ajenas a derecho y de manera arbitraria por parte del Gobierno anterior, y aún se mantienen los bienes de su cliente en un deterioro.
Sostuvo que Cuauhtémoc Estrada como todos los diputados que integran la actual y la anterior legislatura, saben que toda venta de bienes asegurados se debe realizar por medio de un Fideicomiso que sólo el Congreso puede aprobar, así como un procedimiento abreviado a las personas que ya fueron exoneradas de los cargos para la debida devolución de su patrimonio.
«Esos bienes o ese dinero recuperado fue saqueado, robado, obtenido de manera ilegal por parte del Gobierno anterior; vergüenza le debería de dar a todos aquellos que hacen una manifestación al respecto (…) solamente dos personas; hablan de 18 sentencias condenatorias, es una mentira solamente dos personas han sido calificadas como culpables al haber admitido un juicio abreviado con circunstancias completamente ajenas al derecho. Los mismos que están hablando que recuperaron ese dinero, aunque se les condenó a una devolución o entrega de bienes para llevar a acabo el procedimiento abreviado con sus debidos requisitos para recuperación del daño… no han entregado ni un solo centavo, fueron arreglos políticos que están desde el origen que fueron», dijo el defensor en entrevista.
Es de mencionar que en diciembre del 2021 el juez octavo de lo civil por audiencias y especializado en extinción de dominio, Erik Alberto Parada Olivas, ordenó a la Fiscalía General del Estado la restitución de los bienes del exgobernador de Chihuahua, César Duarte y dio un plazo de 8 días hábiles para llevar a cabo esta entrega.
En julio del 2020 la Fiscalía General de Chihuahua informó sobre el decomiso de más de 50 propiedades entre ranchos y residencias, tienen un valor superior a los 500 millones de pesos y fueron adquiridas por Duarte durante su mandato (2010-2016), unas situadas en Chihuahua y otras en Estados Unidos.
Entre las propiedades están el rancho El Saucito, en el municipio de Balleza, que tuvo un área de 4,300 hectáreas, 1,500 cabezas de ganado, una reserva de fauna exótica, un aviario, caballerizas, seis presones (maquinaria para excavación) y autos todo terreno. También se localizó el motor y rotor de cola del helicóptero Bell 429 en el que Duarte se accidentó en agosto de 2015.
Cabe resaltar que el documental que ahora revive los casos de ‘justicia para Chihuahua’, es un filme producido por el chihuahuense Gilberto Mauricio Romero denominado “La Farsa: una obsesión sin límites”, bajo la productora Ra Ke Ami, el cual va a ser presentado el próximo 15 de marzo a las 11:00 horas en CINEMEX PLAZA HOLLYWOOD.
Los tráilers de La Farsa han sido compartidos por exfuncionarios públicos que estuvieron presos, mismos que participaron como testigos para el desarrollo del filme, tales como Alejandro Villarreal, Jesús Manuel Esparza y familiares de Antonio Tarín, el cual decidió terminar con su vida el año pasado por causas relacionadas a su proceso penal.
Ellos como otros actores políticos han declarado en diversas ocasiones que fueron objeto de torturas y persecuciones por la Fiscalía entonces encabezada por César Peniche Espejel.
Entre todos los testigos se ha mencionado que fueron trasladados varias veces al interior de la casa conocida como Casa de Gobierno ubicada en la avenida Zarco y que, ahí dos agentes policiales los cuestionaban por horas sin proporcionárseles agua, alimentos o espacios para ir al sanitario.
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